EN SEPTIEMBRE DE 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana determinó que los
individuos que son incapaces de demostrar la situación migratoria regular de sus padres podrán ser despojados retroactivamente de su ciudadanía dominicana. Los afectados por esta decisión quedarán excluidos de toda actividad que requiera identificación oficial, entre ellas, trabajar en el sector formal, asistir a la escuela, abrir una cuenta bancaria, aportar a los fondos de jubilación o de la seguridad social, acceder a los servicios de salud, casarse, viajar o votar. Para las muchas víctimas potenciales de esta vergonzosa política que nacieron en la República Dominicana, significa quedar excluidos de participar en la única sociedad que han conocido.